Davi Montesinos García: "El rearme se decide en despachos cerrados y se paga con derechos sociales"

El Periódico de Aragón. Espacio 3.

Mario Gracia

29 ABR 2026

¿Está Aragón bien posicionado para convertirse en un hub industrial militar?

Aragón reúne una destacable combinación de factores: una infraestructura militar a gran escala (la base aérea, San Gregorio y el CIEMA), un tejido industrial con décadas de tradición armamentística (Instalaza y Rheinmetall Expal), una posición logística central (con Plaza como una de las mayores plataformas de Europa) y una infraestructura digital en constante crecimiento con uso dual. A todo esto, se suma una voluntad política impulsada por el Gobierno de Aragón, la patronal, la Academia General Militar y el Ayuntamiento de Zaragoza, y financiada con fondos públicos.

¿Influye también la concentración de centros de datos?

Sí, los sistemas de mando y control, la inteligencia artificial aplicada a la esfera militar, la vigilancia y las comunicaciones militares modernas dependen de este tipo de infraestructura de computación en la nube, convertida en un activo con uso dual civil-militar. Además, estos centros de datos no generan rechazo social porque la ciudadanía aún no ha asumido su papel en los conflictos armados, como ocurre con los bancos.

¿Esto implica riesgos económicos?

La preparación para la guerra como motor económico conlleva una serie de dependencias y vulnerabilidades estructurales. Primero, de los vaivenes de la geopolítica internacional; sin guerras activas, la demanda se desploma. Segundo, de los contratos estatales y de quienes toman esas decisiones, que pueden cambiar con cada gobierno. Y tercero, de las estrategias de capitales transnacionales ajenos a Aragón –corporaciones como la alemana Rheinmetall o la estadounidense General Dynamics-, al servicio de las agendas geopolíticas definidas en Berlín o Wall Street.

¿A esto hay que añadir también el coste de oportunidad?

Sí, cada euro público dedicado a tecnología militar es un recurso que se detrae de la sanidad, la educación o la transición energética. El verdadero precio de la carrera armamentística no solo se mide en dinero, sino en todo aquello que una sociedad deja de construir. El rearme se decide en despachos cerrados y se paga con derechos sociales.

¿Existe también un riesgo de militarización del territorio?

El territorio aragonés se convierte en un ‘portaaviones terrestre’: una red conectada de fabricación de armas, campos de maniobras, nodos logísticos y centros de datos que funcionan como una sola unidad de combate en tierra firme. Zonas específicas de Zaragoza, Huesca y Teruel se convierten en objetivos militares estratégicos. La ocupación del territorio por parte de la industria bélica expone a la población civil a una mayor vulnerabilidad en caso de conflicto internacional.

¿Existen alternativas rentables para la industria aragonesa?

Sí, el hub genera empleo real, cualificado y estable, pero existen alternativas. La primera es la reconversión hacia la industria civil. Energías renovables, transporte, gestión del agua o salud pública son sectores con demanda creciente, capaces de generar empleo estable y de aprovechar el talento científico y la maquinaria ya existentes en Aragón sin depender de guerras activas en el mundo.

¿Y en el plano de la seguridad humana?

La seguridad se mide por el acceso a la sanidad, la educación, el empleo y los recursos básicos, exactamente las áreas que se sacrifican cuando el presupuesto se destina a la defensa.

¿Qué supone, en el plano ético, esta dependencia de la economía de guerra?

Cuando la identidad del territorio se militariza, la población tiende a aceptar la economía de guerra como algo natural. A esto se le llama ‘inercia bélica’: una vez que se ha creado esa dependencia económica, resulta muy difícil cuestionarla sin que lo presenten como un ataque al empleo o al desarrollo regional. Pero hay una dimensión ética más profunda: Aragón deja de ser un actor neutral para convertirse en un participante necesario en conflictos internacionales. En ese punto, queda en entredicho que Zaragoza sea un ‘sitio emblemático de la paz’ solo de nombre, mientras que, en la práctica, su economía se supedita a la lógica del rearme.

¿Cómo cuadra todo esto con la Ley de Cultura de la Paz en Aragón?

No cuadra. Hay una contradicción inherente. El artículo 4 de la Ley 8/2023 establece como principio rector el fomento de la desmilitarización y la resolución pacífica de conflictos. Sin embargo, el apoyo institucional activo al hub incumple la legalidad vigente y los compromisos con la UNESCO. Aragón se encuentra en un punto de inflexión: puede consolidar su papel como nodo de ese complejo global, asumiendo las dependencias, riesgos e incoherencias que eso conlleva, o puede optar por construir una economía orientada a la vida, diversificada, soberana y coherente con los marcos de paz que sus propias instituciones han suscrito. La decisión es, en última instancia, política.